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Recaudación de Aduana cayó un 19% en 2020

By #MonitorComex, Noticias

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) o la “segunda caja” del Estado, recaudó durante todo el 2020, un 19,31% menos en dólares estadounidenses que en igual período de 2019 y alcanzó los US$ 2.296 millones frente a los US$ 2.845 millones del año anterior.  

La caída de la recaudación en pesos reales fue apenas del 1,92%.

Los datos surgen de la propia DNA, ajustados a través del IPC con el objetivo de expresar el valor real.

La participación relativa de los diversos tributos recaudados por la DNA no se ha visto modificada en términos generales durante el 2020.

Tributo20192020
IVA41,55%42,64%
IVA ANTICIPO18,98%19,50%
TASA CONSULAR7,76%8,03%
IMADUNI -RECARGO12,73%11,82%
IMESI ANTICIPO6,88%6,82%
IRAE ANTICIPO6,79%6,06%
Otros5,30%5,13%
Total100%100%

La DNA es responsable de recaudar 36 tasas, impuestos o sus anticipos , gravámenes, certificados (en la mayoría de los casos para otros organismos) por tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.

Pese a esa variedad de impuestos, tasas y gravámenes, la recaudación del organismo se encuentra muy concentrada. Los seis tributos expuestos representan el 95% de la recaudación total, tornando el resto de los 30 tributos distorsivos y de recaudación marginal.

“Durante los meses de mayor caída en la actividad producto de la pandemia, se tradujo en pronunciadas caídas en la recaudación” Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC Uruguay.

Las importaciones totales de bienes alcanzaron los USD 6.332 millones (sin considerar petróleo y sus derivados, ni admisiones temporarias), lo que supuso una reducción de las compras al exterior del 3,9% en comparación con lo ocurrido durante 2019.

“Las importaciones, que son el principal disparador de la recaudación aduanera, cayeron aunque menos que la propia recaudación en dólares. Observando la composición de la disminución de las importaciones se observaron menores compras a China y EEUU, 11% y 9% respectivamente. Origenes con lo que no tenemos ningún tipo de preferencia arancelaria“ aseguró Soto para #MonitorComex.

Al analizar la diferencia de la caída en dólares y pesos uruguayos, es explicada «porque las importaciones son basicamente en dólares, y la moneda norteamericana tuvo un desempeño superior a la inflación durante el 2020, entonces es posible que medida en pesos la recaudación no se haya resentido tanto» complementó Soto.

Recaudación de Aduana cae arrastrada por la caída de importaciones

By #MonitorComex

La recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) o la “segunda caja” del Estado, recaudó durante el primer semestre de 2020 , un 13,65% menos medida en dólares (moneda en la cual se realizan las operaciones de comercio exterior), versus igual período del año 2019.

Este primer semestre se encuentra notoriamente afectado por la propagación del COVID-19, y cómo esto ha afectado a todo el comercio global. De cualquier modo, se visualiza desde un piso de abril, una recuperación en los meses de mayo y junio.

En efecto, en este primer semestre la recaudación alcanzó los USD 1.119 millones versus los USD 1.296 millones de los primeros 180 días del 2019.

La participación relativa de los diversos tributos recaudados por la DNA no se ha visto modificada en términos generales:

 TributoI SEMESTRE
2020
I SEMESTRE
2019
 IVA42,95%42,10%
 IVA ANTICIPO19,69%19,25%
 IMADUNI + RECARGO11,85%12,09%
 TASA CONSULAR8,06%7,46%
 IMESI ANTICIPO6,09%6,77%
 IRAE ANTICIPO6,10%6,73%
 OTROS5,26%5,60%
Total100%100%

La DNA es responsable de recaudar 36 tasas, impuestos o sus anticipos , gravámenes, certificados (en la mayoría de los casos para otros organismos) por tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.

Pese a esa variedad de impuestos, tasas y gravámenes, la recaudación del organismo se encuentra  muy concentrada. Los seis tributos expuestos representan el 95% de la recaudación total, tornando el resto de los 30 tributos distorsivos y de recaudación marginal.

«El disparador de la recaudación de ADUANA son la importaciones, no solo su cuantía sino también su origen, y qué tipo de productos. La caída en la recaudación por tanto era esperada en función de la retracción de la importaciones que retroceden un 9%. Que la recaudación caiga más (13,65% vs. 9%) se explica justamente por la composición de esas importaciones. Las compras a mercados sin acuerdos comerciales han caido más que las importaciones de origen Mercosur » analizó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

Recaudación de Aduana crece 3,9% en términos reales y cae en dólares

By Noticias

La recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) o la “segunda caja” del Estado, recaudó durante el primer trimestre de 2020 , 3,9% más en términos reales aunque cae un 6% medida en dólares, versus igual período del año 2019.

En efecto, en este primer trimestre alcanzó los USD 606 millones versus los USD 645 de los primeros 90 días del 2019. Sin embargo, al realizar las estimaciones en términos reales (en pesos a marzo de 2020) se observa una leve recuperación.

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Los datos surgen de la propia DNA, convertidos a tipo de cambio promedio de cada mes, en los períodos considerados, y las estimaciones en pesos reales se realizaron actualizando las cifras oficiales por el indice de precios al consumo (IPC).

La participación relativa de los diversos tributos recaudados por la DNA no se ha visto modificada en términos generales:

 TributoI TRIM
2020
I TRIM
2019
 IVA42,74%41,64%
 IVA ANTICIPO19,53%18,98%
 IMADUNI + RECARGO12,51%12,64%
 TASA CONSULAR8,04%7,83%
 IMESI ANTICIPO6,51%7,00%
 IRAE ANTICIPO6,59%6,78%
 OTROS4,08%5,13%
Total100%100%

La DNA es responsable de recaudar 36 tasas, impuestos o sus anticipos , gravámenes, certificados (en la mayoría de los casos para otros organismos) por tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.

Pese a esa variedad de impuestos, tasas y gravámenes, la recaudación del organismo se encuentra  muy concentrada. Los seis tributos expuestos representan el 95% de la recaudación total, tornando el resto de los 30 tributos distorsivos y de recaudación marginal.

“Hay que recordar que sobre la tasa consular, que representa aproximadamente el 8% de la recaudación del organismo, existía un compromiso de comenzar su reducción durante el primer trimestre de 2020 en 0,5% anual, según el articulo 265 de la ley 19.535, hasta eliminarla para artículos de origen MERCOSUR y fijarla en 2% para bienes de origen extra-zona, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Además este compromiso se ha extendido a la órbita del bloque regional. En la última cumbre Uruguay se ha comprometido a derogar esta tasa, que recauda unos USD 80 millones para bienes originarios del bloque» comentó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

Las importaciones totales de bienes alcanzaron los USD 1.530 millones (sin considerar petróleo y sus derivados) durante el primer trimestre de 2020, lo que supuso un incremento de las compras al exterior del 1,3% en comparación con lo ocurrido durante el mismo período de 2019.

«A pesar de una leve recuperación de la importaciones, la recaudación en dólares se ve afectada, y esto en parte porque incide la composición de esas compras al exterior. Composición y origen. A modo de ejemplo en este primer trimestre se han verificado importaciones por más de USD 10 millones de vacunas contra la fiebre aftosa por parte del MSP exoneradas de tributos aduaneros. En cuanto a la evolución de la recaudación en pesos reales, que en definitiva es interesante porque dota de capacidad de compra al Estado, en algún punto era esperado por la evolución del valor del dólar, que incrementa en valor a las importaciones y todavía no en cantidad. De cualquier modo, se aguarda una contracción fuerte de las importaciones, y por tanto de la recaudación, para el segundo trimestre cuando recoja con mayor precisión el efecto COVID-19. Las importaciones en Uruguay tienen fuerte incidencia los bienes durables como vehículos y celulares, que es lo primero que se posterga en cuanto a decisión de consumo durante una crisis» analizó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

Incoterms: modificaciones a partir de enero 2020

By #MonitorComex

Este mes de enero entran en vigor los nuevos términos para la compraventa internacional de mercancías (InCoTerms).


El 1 de enero de 2020 entra en vigor la nueva versión de los Incoterms (International Commercial Terms) de 2020 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en materia de compraventa internacional de mercancías. La nueva versión se basa en el compromiso de revisión cada diez años de la CCI.

«Las revisiones son necesarias en virtud de la evolución y modificaciones en las tendencias del comercio mundial. Desde el surgimiento de las cadenas globales de valor, tránsitos aduaneros, e-commerce, etc. Todo constituyen nuevas tendencias que deben ser contempladas» Comentó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC Uruguay

Las novedades sobresalientes de la nueva versión, se podrían resumir en:
a) se elimina el Incoterm DAT (Delivered at Terminal – Entrega en Terminal) y se sustituye por el nuevo Incoterm DPU (Delivered at Place Unloaded – Entrega en Lugar de Descarga). Se trata de un simple cambio de nomenclatura más que de un cambio conceptual de Incoterms en sí, pues las obligaciones y funciones de ambos términos siguen siendo básicamente las mismas. El cambio se justifica, pues, al ser DPU el único Incoterm en el que la mercancía se entrega descargada en el lugar de destino, el significado de la palabra “terminal” generaba cierta confusión en algunos países, sobre todo de Latinoamérica. Por ello, ahora se aclara que la mercancía no sólo se puede descargar en un terminal o infraestructura de transportes (puerto, aeropuerto, etc.), sino también en cualquier otro punto en el país de destino que tenga equipos para descargar la mercancía del medio de transporte, como por ejemplo una fábrica o un almacén.
b) El Incoterm FCA (Free Carrie) posibilita ahora, en caso de transporte marítimo, que los conocimientos de embarque (bills of lading o BL) se puedan emitir después de la carga de la mercancía con la mención “on board” (a bordo) para poder atender mejor los requerimientos documentales habituales de los créditos documentarios como medio de pago de la compraventa. Aunque ello implica una cierta contradicción con el significado mismo del término conocimiento de embarque, pues este documento se suele emitir, como su propio nombre indica, con el embarque de las mercancías a bordo del buque y no después, se espera que la novedad agilice muchas compraventas que se demoraban por exigencias de los créditos documentarios.   
c) Se establecen diferentes coberturas en el seguro de transporte de los Incoterms CIP (Carriage and Insurance paid to – Transporte y Seguro pagados hasta) y CIF (Cost Insurance and Freight – Costo, Seguro y Flete). Para el Incoterm CIP, el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte a favor del comprador con una cobertura amplia, que se corresponde con la Cláusula “A” (todo riesgo) . Para el caso de Incoterm CIF, el vendedor sólo está obligado a contratar un seguro con una cobertura mínima, que se corresponde con la Cláusula “C”, es decir como hasta ahora. La distinta exigencia en materia de seguro se debe a que CIF es utilizado habitualmente para transporte marítimo de graneles, cuyo precio por kilo suele ser muy bajo, por lo que exigir un seguro con cobertura máxima encarecería mucho la póliza, lo que iría en perjuicio del poder de negociación de los vendedores.
d) Se incluye por primera vez y expresamente el despacho de las mercancías en régimen de tránsito. A estos efectos, se entiende que la responsabilidad la tiene quién asume el riesgo del transporte hasta el lugar de entrega. Por tanto, en los Incoterms EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIP en los que el riesgo de transporte vendedor a comprador se transmite en origen, la responsabilidad por el despacho en régimen de tránsito la asumiría el comprador. Contrariamente, en los Incoterms DAP, DPU y DDP en los que el riesgo se transmite en destino, la responsabilidad al respecto la tendría el vendedor. El cambio comentado puede ser importante en aquellas compraventas internacionales en las que la mercancía tiene que pasar varios controles aduaneros antes de llegar a la aduana del país de importación en cuestión.

«Los incoterms cumplen una función fundamental en comercio internacional de bienes. Son un lenguaje universal que cualquier agente en cualquier lugar del mundo debe entender y saber a qué se compromete y los riesgos que asume en cada operación en función del incoterm acordado» Concluyó Soto.

Régimen de sociedades anónimas simplificadas (SAS)

By Noticias

REGLAMENTACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS SIMPLIFICADAS – DECRETO N° 399/2019

El pasado 23 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 399/019 (en adelante el “Decreto”) reglamentario de la Ley 19.820 de Promoción de Emprendimientos que, entre otras cuestiones, creó un nuevo tipo societario: las Sociedades por Acciones Simplificadas (en adelante “SAS”).

A continuación haremos una breve descripción de los aspectos societarios y tributarios más trascendentes de esta nueva regulación que, según se prevé, comenzará a regir el 1° de enero de 2020.

1.- Proyecto de SAS Digital (Capítulo I)

Se crea el proyecto “SAS Digital”, que estará a cargo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).

El fin de dicho proyecto es implementar una plataforma tecnológica para los trámites de constitución y registro de las SAS, de forma completamente digital. El artículo 1 del Decreto establece los cometidos de la AGESIC en este sentido, entre los cuales se encuentra establecer el diseño de los trámites en base al Modelo de Trámites en Línea y las normas técnicas y regulaciones pertinentes, además de prever los procedimientos necesarios para la interoperabilidad de los organismos involucrados en el trámite de constitución y registro, entre otros.

El artículo segundo del Decreto crea, en el marco del proyecto “SAS Digital”, un Comité de Dirección integrado por representantes de distintos organismos (MEF, DGI, AIN, Transforma Uruguay, DGR, BPS y AGESIC). Dicho Comité tendrá un plazo de 120 días desde la publicación del Decreto para definir los procedimientos y adecuaciones necesarias para los trámites de constitución y registro en las instituciones involucradas.

2.- Procedimiento transitorio de constitución (Capítulo II)

No obstante lo anterior, el Capítulo II del Decreto establece algunas adecuaciones, mientras no esté operativa la plataforma digital, a los efectos de asegurar la regular constitución de las SAS en el menor tiempo posible:

a) El control de homonimia previsto en el literal B) del artículo 12 de la Ley 19.820 será realizado por el Registro de Personas Jurídicas- Sección Registro Nacional de Comercio, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 47 del Decreto 99/998.

b) El Registro de Personas Jurídicas- Sección Registro Nacional de Comercio realizará la calificación de los estatutos de las SAS en un plazo no mayor a 5 días hábiles, en los casos en los que se empleen los modelos de contratos que estarán a disposición en la página web de la Dirección General de Registros (DGR). A efectos de cumplir con dicho plazo, la DGR implementará un sistema electrónico de agenda para la inscripción de las SAS.}

c) Una vez levantadas todas las observaciones (con excepción de la inscripción en el RUT), el Registro de Personas Jurídicas- Sección Registro Nacional de Comercio pondrá a disposición de la DGI, por medios electrónicos, las denominaciones de las SAS alcanzadas por este literal.

d) Para culminar el trámite, la SAS deberá inscribirse en el RUT de la DGI.

e) La DGI remitirá diariamente, y por medios electrónicos, los números de inscripción en el RUT de las SAS al Registro de Personas Jurídicas- Sección Registro Nacional de Comercio, para el levantamiento de la observación correspondiente, así como a la AIN.

Por último, el artículo 3 prevé que la DGR podrá prescindir del control de los certificados de entidades públicas y su vigencia, cuando la información contenida en éstos pueda obtenerse directamente de los registros de las citadas entidades.

Es importante mencionar que la DGR pondrá a disposición modelos de contratos que podrán ser empleados en forma facultativa por los interesados. El uso de los modelos sin modificaciones ni adiciones, salvo los expresamente previstos, garantizará la calificación registral en el plazo de 5 días hábiles.

3.- Regularización y conversión de otras empresas en SAS (Capítulos III y IV)

Es posible convertir otra empresa en SAS, sea que se regularice la situación de una sociedad irregular, de una sociedad de hecho; o bien que se convierta una empresa unipersonal. A ello refieren los Capítulos III y IV del Decreto.

El artículo 6 del Decreto dispone que las sociedades irregulares y de hecho (reguladas en la Sección V del Capítulo I de la Ley 16.060), podrán regularizarse adoptando la forma de SAS, conforme a lo previsto en el artículo 42 de dicha ley.

Los titulares de empresas unipersonales podrán transferir su giro, en un solo acto, total o parcialmente a una SAS, la cual lo sucederá en sus derechos y obligaciones. Para que opere la conversión, es condición que el titular de la empresa unipersonal sea el único accionista de la nueva sociedad al momento de la conversión y que la empresa unipersonal esté registrada como tal ante los organismos recaudadores.

La resolución de optar por la conversión conteniendo el texto del estatuto que habrá de regir la SAS, deberá adoptarse por el titular de la empresa unipersonal y documentarse a través de una declaratoria en escritura pública o en documento privado, con firma certificada. Se aplicará el proceso previsto para la constitución establecido en el artículo 3 del Decreto, y ya descripto en el apartado anterior.

Asimismo, en este caso de conversión de empresas unipersonales a SAS se cuenta con 30 días desde la fecha de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas – Sección Registro Nacional de Comercio para proceder a la inscripción en el RUT, el que le dotará de un nuevo número. A tales efectos, entonces, esta conversión -cuando es total- implica la clausura de la empresa unipersonal.

Se deberá elaborar un inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones objeto de la transferencia, que deberá protocolizarse ante Escribano Público y presentarse conjuntamente con el estatuto social al momento de la inscripción en el Registro.

En caso de incluir activos no dinerarios por un valor superior a UI 2:500.000 (aproximadamente USD 280.000), de acuerdo a las reglas de valuación del IRAE, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), podrá establecer requisitos adicionales de información para este tipo social, en función de los análisis de riesgo que dicho organismo realice.

Los bienes que se transfieran a través de la conversión deberán encontrarse afectados íntegra y exclusivamente al giro de la empresa unipersonal y deberán transferirse al momento que se convierta y aporte a la sociedad.

El artículo 10 establece que, si la conversión comprendiera bienes o derechos registrables, la enajenación mediante el aporte correspondiente se inscribirá en el Registro correspondiente. En todos los casos, deberá cumplirse con las formalidades y controles que corresponden a dichos bienes o derechos.

4.- Capital (Capítulo V) Y Controles ante la AIN (Capítulo VI) 

El capital suscrito e integrado al que refiere el literal F) del artículo 122 de la Ley 19.820 será únicamente el capital suscrito e integrado al momento de la constitución de la SAS, pudiendo establecerse en una disposición transitoria de los estatutos o contrato social.

En caso de aumento de capital social, no se exigirán las suscripciones e integraciones mínimas previstas en el artículo 153 de la Ley 19.820. No resultará de aplicación a las SAS la reducción obligatoria de capital social prevista en el inciso primero del artículo 2904 de la Ley de Sociedades Comerciales (16.060).

El control de los mínimos de capital exigidos por la Ley 19.820 corresponderá al Registro

de Personas Jurídicas- Sección Registro Nacional de Comercio.

El artículo 13 dispone que los aportes que los accionistas o terceros efectúen a cuenta de

futuras integraciones de capital conformarán el patrimonio de la sociedad, y deberán documentarse, indicando:

a) Datos identificatorios de los aportantes.

b) Indicación de calidad de terceros, accionista de la sociedad o de su controlante o controlada.

c) Características y monto del aporte, individualizándose de conformidad con las Leyes 16.060 y 19.210.

d) Plazo para la capitalización, que no podrá exceder de 24 meses. Adquirirán el carácter de aportes irrevocables desde la resolución del órgano de administración que los acepte como tales. Dicho órgano deberá en el plazo mencionado obtener la aceptación para capitalizarlo por parte de la asamblea de accionistas o quien haga sus veces conforme a lo establecido en los estatutos sociales; en caso contrario o si hubiera vencido el plazo de 24 meses sin aceptación, deberá restituirse al aportante, sin intereses salvo que otra cosa se hubiera pactado. Dichos aportes serán computados a los solos efectos de la aplicación de las normas que fijan límites o relaciones entre las participaciones y el capital integrado. El aportante tendrá derecho a requerir al órgano de administración que la capitalización de su aporte se incluya en el orden del día de las asambleas hasta el vencimiento del plazo, o hasta la restitución de su importe. e) En caso de haber transcurrido el plazo de 24 meses, o no habiendo sido aceptado los mismos por la asamblea o quien haga sus veces según los estatutos sociales, los aportes irrevocables serán un pasivo social.

La Ley sobre SAS (19.820) previó un control especial para aquellas SAS que tuviesen ingresos anuales que superen las 37.500.000 UI (aproximadamente USD 4.000.000).

Conforme al Decreto, estas SAS estarán obligadas a comunicar ante la AIN:

a) Las integraciones de capital efectuadas por nuevos aportes.

b) Las reducciones de capital integrado.

c) El rescate o amortización de acciones.

d) El reintegro de capital.

e) Los supuestos en los que se genere derecho de receso, cuanto éste pudiera derivar de alguno de los actos citados en los literales anteriores.

f) Deberán comunicar anualmente a la AIN, dentro del plazo de 180 días corridos a partir del día siguiente a la fecha de cierre del ejercicio económico, las modificaciones de capital integrado y el cumplimiento de la Ley 19.484.

La AIN, por Resolución fundada, establecerá la forma y condiciones en las que deberán realizarse las comunicaciones, así como los criterios técnicos para el control de las SAS cuando correspondiere.

El Decreto dispone que se aprueban como normas contables de aplicación obligatoria para

las SAS, los cuerpos normativos aplicables a las sociedades comerciales. Por otra parte, las SAS comprendidas en la obligación de registrar sus estados financieros (ante el Registro de Estados Contables a cargo de la Auditoría Interna de la Nación), deberán hacerlo en las mismas condiciones establecidas para las sociedades comerciales.

Por último, se dispone que serán de aplicación a las SAS los controles previstos en las

Leyes 19.210 (Ley de Inclusión Financiera) y 19.574 (Ley Integral contra el Lavado de

Activos) y sus modificativas.

En los casos en que las SAS reciban ingresos superiores a UI 4:000.000 (aproximadamente USD 450.000) al cierre de cada ejercicio anual o devinieren titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a UI 2:500.000 (aproximadamente USD 280.000), la SENACLAFT podrá establecer requisitos adicionales de información, en función de los análisis de riesgo que realice.

5.- Aspectos Tributarios regulados en el Decreto (Capítulo VII)

En lo que refiere a los aspectos tributarios, se prevén disposiciones específicas y aplicables a las SAS; se establece, asimismo, un régimen especial para la conversión de empresas unipersonales a SAS; y se regula la exoneración dispuesta para las conversiones de empresas unipersonales en SAS, que se realicen en los próximos 12 meses y cumplan con algunas condiciones.

– Aspectos tributarios de las SAS

En lo que respecta a los aspectos tributarios más significativos, la Ley sobre SAS ya había

previsto que a estas sociedades les corresponde el mismo tratamiento tributario que a las

sociedades personales y, en caso de enajenación de acciones, se tributará igual que una

sociedad anónima.

En cuanto a la tributación por IRAE, dado el tratamiento similar a las sociedades personales, se podrá aplicar el régimen de fictos hasta el monto máximo de UI 4.000.000, es decir que estas sociedades, a diferencia de las S.A., pueden optar por no tributar con contabilidad suficiente hasta el monto máximo antes indicado.

En reafirmación de lo anterior, el Decreto establece expresamente que las SAS son contribuyentes de IRAE, de IVA y de Impuesto al Patrimonio.

Como aspectos de trascendencia en lo que respecta al régimen tributario de las SAS, y además de los ya nombrados, se prevén los siguientes:

a) Los aportes irrevocables que la SAS reciba a cuenta de futuras integraciones de capital se computarán como pasivo a los efectos del IRAE si transcurrido el plazo de 24 meses desde la aceptación por el órgano de administración de la SAS, no hubieran sido aprobados por la asamblea de accionistas.

b) El régimen previsto en el artículo 32 del Decreto 150/007, sobre deducción de sueldos patronales para el IRAE, les será aplicable a los directores o administradores de SAS, en tanto tengan la calidad de accionistas.

c) Las rentas de trabajo derivadas de actividades amparadas por cobertura provisional del BPS, y abonadas a directores o administradores de las SAS, que sean residentes fiscales uruguayos, se computan como rentas de trabajo dependiente, a los efectos del IRPF.

– Tratamiento tributario aplicable a la conversión de empresas unipersonales en SAS

Para el caso de conversión de empresas unipersonales a SAS se establece que si esta conversión del giro es total (a título universal), importará el cierre del ejercicio económico del sujeto pasivo, quien deberá presentar la declaración jurada y abonar la totalidad de los tributos resultantes. Asimismo, si por ello surgiere un excedente de IVA, el contribuyente podrá transferirlo a la nueva sociedad, en los términos y condiciones que a tales efectos fijará la DGI.

Asimismo, cuando la transferencia es total, se puede optar por no computar el valor llave correspondiente, siempre que la conversión se realice sin el propósito de producir un resultado económico, esto es, siempre que no se realicen transferencias de acciones durante el transcurso de un lapso no inferior a dos años contados desde la fecha del contrato correspondiente.

Si se verifica un incumplimiento a esta condición, la transferencia tendrá el tratamiento tributario correspondiente al régimen general y, en caso de que corresponda tributar IRAE e IVA por el valor llave, dichos tributos se abonarán actualizados por la evolución de la Unidad Indexada entre la fecha de su acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento.

Cuando la transferencia es parcial, la empresa unipersonal liquidará los impuestos correspondientes en el régimen general aplicable a cada uno de ellos. Para estos casos, el Decreto incluye al supuesto de conversión de empresas unipersonales en SAS en lo previsto en el artículo 72 del Decreto 150/007 sobre valuación de bienes en empresas sucesoras, el que permite a la sucesora mantener el valor fiscal de los bienes de la antecesora, los regímenes de valuación y amortización, así como el cómputo de los plazos para aplicar las normas sobre malos créditos. A su vez, esta disposición también prevé que el valor llave se constituye como la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal de los bienes transferidos, si aquél hubiera significado una inversión real para la empresa sucesora.

– Régimen de exoneración especial aplicable a la conversión de empresas unipersonales en SAS (por los próximos 12 meses y sujeto a algunas condiciones)

Por otra parte, el artículo 48 de la Ley sobre SAS (19.820) había previsto un régimen transitorio de exoneración de impuestos (IRAE o IRPF, IVA incluido el valor llave e ITP) para estos supuestos de conversión total (a título universal) de empresas unipersonales a SAS.

El Decreto regula y agrega algunos aspectos especiales para quedar comprendido en este régimen. En síntesis, la exoneración se aplica siempre que acumulativamente:

– Se trate de una persona física residente fiscal en Uruguay que desarrolle a título personal actividades comerciales, industriales o de servicios.

– Se encuentre en situación regular de cumplimiento con las obligaciones tributarias ante DGI y BPS. El Decreto prevé que esta condición se demuestra con la obtención de los certificados único de vigencia anual expedido por la DGI y común por BPS, correspondientes a la empresa unipersonal y vigentes a la fecha de la conversión.

– Que transfiera o integre su giro en una SAS de su exclusiva titularidad.

– Que la transferencia se realice a título gratuito o, en su caso, como integración de capital, teniendo como única contraprestación la emisión y entrega de acciones de la SAS.

– Que la transferencia se realice dentro de los 12 meses a contarse a partir del 1º de enero de  2020.

– Que en el plazo de dos años posterior no se transfieran las acciones de la SAS6. En este caso, si se transfiriesen las acciones, corresponderá reliquidar los tributos aplicables y abonarlos a la DGI dentro del mes siguiente a este hecho que motivó la pérdida de la exoneración. El Decreto agrega que el contribuyente puede optar por determinar los tributos a reliquidar actualizados por la evolución de la Unidad Indexada, en lugar de la aplicación de sanciones por mora.

Asimismo, se agrega que la exoneración de ITP lo es para la parte vendedora y compradora y comprende la enajenación de bienes inmuebles, de derechos de usufructo, de nuda propiedad, de uso y habitación, y la cesión de promesas de enajenación de dichos bienes.

Por otra parte, se aclara también que las transferencias originadas en las conversiones exoneradas no se tomarán en cuenta a efectos de determinar el monto deducible de gastos indirectos en la liquidación de IRAE, ni para la deducción de IVA incluido en las adquisiciones de bienes y servicios que integren directa o indirectamente el costo de dichas transferencias.

Por información adicional o complementaria le pedimos que se comunique con nosotros a nuestro mail: info@csconsultores.com.uy

Los diagnósticos requieren propuestas concretas

By COLUMNA DE OPINION

Días pasados a través de mi cuenta de twitter comentaba que posiblemente exista en nuestro país, a nivel de analistas e incluso dentro de un amplio espectro político, consensos de diagnóstico sobre la situación de la economía y los grandes desafíos que tenemos por delante. Agregaba que sería de mayor utilidad comenzar a discutir propuestas concretas, instrumentos precisos, que puedan transformarse en acción en lo inmediato y también aquellas de aplicación en el mediano plazo.

Con frecuencia observamos cierta ansiedad por adelantar el proceso electoral y peor aún, ya hablamos en clave de próximo quinquenio cuando al actual le queda un año entero, es decir un 20% del total del período. ¿Acaso no es posible avanzar en temas claves antes del 1 de marzo de 2020?

Precisamos recuperar tasas más dinámicas y saludables de crecimiento, equilibrar las cuentas públicas y recrear las condiciones para que se vuelva a generar empleo, sobre todo de calidad. Ninguno de estos tres objetivos, son «porque si».

Una economía que crece de forma saludable y de forma inclusiva consigue abrazar a la inmensa mayoría de la sociedad y empujar a todos a niveles de mayor desarrollo humano. El equilibrio en las cuentas públicas quiebra el cortoplacismo y nos invita a pensar en las próximas generaciones, moderando de forma drástica la tendencia de la deuda pública. La creación de empleo de calidad dignifica, crea condiciones de desarrollo para todos y evita que uruguayos queden al margen o terminen emigrando. Por supuesto que mayor crecimiento y recuperación del mercado laboral podrán traer buenas noticias a los ingresos fiscales, aún así, es preciso abordar reformas que hagan la diferencia.

En este contexto, dos engranajes son claves: la inversión y la inserción internacional, que posiblemente también estén correlacionadas. Preocupa la erosión sobre el clima económico, que en última instancia es la síntesis sobre cuan atractiva es una economía para captar inversiones. La Fundación Getulio Vargas en su estudio trimestral de indice económico para América Latina ubica a nuestro país en séptimo lugar sobre once países. Presentamos mejor clima de negocios que Venezuela, Ecuador, Argentina y México, nada de qué enorgullecernos. Supimos liderar este ranking hace algunos poco años y lo sostuvimos en posiciones de privilegio. Hay una serie de condiciones que están pesando en estas valoraciones: rigideces y costos.

Detallaré algunas ideas, lo más concretas posibles con el fin de colaborar con lo expuesto en el primer párrafo de esta columna y sin pretender agotar el análisis, ni concebirlo como una lista cerrada, taxativa o verdades absolutas.

Inserción internacional

En materia de inserción internacional, mientras el MERCOSUR sigue digiriendo si sale de su estado vegetativo (lo que no será fácil) y avanza por más apertura, existen lineas concretas de trabajo que deben ser abordadas:

a) Recomposición de agenda bilateral con Brasil. En los últimos años se ha profundizado el déficit comercial con la principal economía del MERCOSUR y ya supera los USD 500 millones. Para ello debemos recuperar el funcionamiento del Grupo de alto nivel (GAN) instrumento que permitía diálogo fluido entre los gobiernos. Debe servir para redefinir esquemas de complementariedad productiva e identificación de clusters industriales en los que Uruguay pueda aportar piezas o semi-elaborados. Además identificar obras de infra-estructura de interés bi-nacional, no es posible que enviar un contenedor a China cueste casi la mitad que enviarlo terrestre a San Pablo. Adicionalmente, tan o más importante que lo anterior, debemos avanzar en la firma de un acuerdo para evitar la doble tributación (similar al que Brasil firmó con Argentina en 2017) de manera de hacer eficiente la exportación de servicios. Hoy exportar servicios a Brasil es casi una quimera dadas las retenciones fiscales existentes en la fuente. No es concebible un proceso de integración que excluya el comercio de servicios de forma tan notoria.

b) Acuerdos en materia de servicios. La famosa decisión 32/2000 a la que tanto se ha recurrido para frenar procesos de apertura, limita acuerdos en materia «arancelaria», por tanto acuerdos que liberen el comercio de servicios con terceros países es viable y permitido. El comercio de servicios crece de forma mucho más dinámica que el comercio de bienes a nivel mundial, creando mayor cantidad de empleo y de mejor calidad.

c) Exploración de acuerdos vigentes. Si bien el MERCOSUR mantiene acuerdos relevantes con terceras economías ha firmado con algunos países que podrían adquirirnos mayor cantidad de bienes. Israel, Egipto y México son ejemplos de lo anterior.

d) Diversificación de mercados. Nuestras exportaciones precisan continuar diversificando en función de mercado, para ello no podemos autolimitarnos con la excusa del MERCOSUR. Hay mucho para hacer a nivel bi-lateral con otras economías. Si bien hemos conseguido llegar a una importante cantidad de destinos e impensados hasta hace unos años, aun nuestras colocaciones se encuentran altamente concentradas en unos pocos.

Inversión

La atracción de inversión requiere de ingenio, audacia y adaptación al cambio. No somos la única economía en busca de proyectos, y otras jurisdicciones también muestran «sus plumas». Instrumentos que en el pasado fueron exitosos no tienen porque serlo necesariamente en la actualidad.

a) Ley de inversiones. Esta ley es un buen ejemplo de lo antedicho, sin embargo, hay síntomas de que su radio de influencia comienza a acotarse y su impacto verse reducido. Podría intentar esbozar alguna hipótesis. Es que en el fondo de cualquier plan de inversión lo que esta en juego e implícito es la rentabilidad. Es más, la gran mayoría de los proyectos que se han presentado a la Comisión de Apoyo al Sector Privado (COMAP) son emprendimientos ya localizados en Uruguay y que posiblemente lo que hagan sea reinversión de utilidades. Pero para que esto ocurra primero tiene que haberlas. En buen romance, este instrumento de estimulo olvida que mucha de la inversión captada es endogena y lo que se requiere primero es la formación del capital necesario. Por tanto en tiempos de rentabilidades moderadas, bajas o nulas, a parte de desestimular a extraños limita a los propios. Este desarrollo conceptual nos lleva inexorablemente a tener que trabajar sobre los costos operativos antes de impuestos, porque para disparar impuesto a la renta, y que su exoneración sea un estimulo efectivo, primero debe haber renta. A pesar de lo alicaídas de las cuentas públicas es preciso repensar este instrumento, con audacia y heterodoxia, convencidos de que incrementos en la actividad producto de mayor renta empresarial, el retorno para el Estado esta medianamente asegurado.

b) Uruguay logístico. Reformular plataformas que han sido desarrolladas tiempo atrás pero que hoy se han visto amenazadas por descensos en la actividad internacional y cambios en las condiciones de juego a nivel regional. El puerto de Montevideo en 2018 perdió 81.000 contenedores versus un año atrás. Es posible que mucha de esa carga se este derivando para la terminal en Buenos Aires. Pero nuestro país sigue teniendo condiciones naturales para consolidarse como un hub regional de mercaderías. Quizás sea buen momento para analizar toda la cadena logística y evaluar eslabones de ineficiencia o eslabones faltantes. En los primeros no caben dudas que la actividad se ha vuelto «cara» en términos relativos regionales en Uruguay. El último informe de Alalog así lo confirma. Seguimos careciendo de modos alternativos de transporte, en particular de ferrocarril y sus interconexiones regionales. En los segundos, en los eslabones faltantes, debemos re-concebir al hub, ya no BTB sino también BTC regional. Esto es, ya no logística de mercadería que se comercializa entre empresas sino que bienes que la empresa vende a particulares desde Uruguay a cualquier particular en la región. Un hub del e-commerce regional. Adecuaciones normativas son necesarias, pero descuento que aquí debiera existir amplios consensos. Limitaciones operativas hacen que por ejemplo sea dificultoso implementar estos proyectos desde las Zonas Francas (que son uno de los polos con mayor infra-estrcutura logística desarrollada y capacidad ociosa) porque hoy puede salir más caro pagar la salida de la Zona Franca que la unidad de mercadería.

Cuentas públicas

No hay desarrollo posible y sustentable sin un equilibrio en las cuentas del Estado. El déficit constante y creciente lo terminan pagando siempre los sectores más vulnerables de la sociedad, porque sobreviene un ajuste generalizado que no distingue de quienes tienen mecanismos de defensa, respaldo de quienes no. No nos es nuevo. Debemos tener presente nuestra historia, no para flagelarnos, sino para no olvidar las lecciones que ésta nos deja.

En este punto sobresale de forma notoria el gasto creciente (y su velocidad) de los sistemas de seguridad social y del FONASA. Una reforma universal (incluyendo a todos los «subsistemas» con reformas serias y profundas) es impostergable. Cuando la actividad baja, desnuda aún más los problemas. Desde el 2014 se han perdido más de 20.000 cotizantes dependientes al BPS, y a pesar de estar en zona de máximos históricos, la caída agrava y resiente a todo el sistema. El eje de la discusión debe ser franco, y es posible que las condiciones actuales de causales jubilatorias y otros disparadores de costos deban ser revisados, y tendrá su correspondiente costo político. Desde nuestro punto de vista deben existir dos principios rectores: a) en economías de recursos escasos la asignación presupuestal se asigna por prioridades. Nuestra prioridad debe ser la primera infancia que nos define qué País construimos. Días pasados en una entrevista el Dr. Gabriel Gonzalez (neuropediatra) indicaba lo importante de los primeros 1.000 días del recién nacido y cómo el contexto ambiental de su desarrollo condiciona severamente su condición de futuro. Países con mayores niveles de inversión en ese sector presentan luego menores niveles de dificultades en el aprendizaje y menores probabilidades de desarrollar dimensiones violentas de la personalidad. b) El cambio demográfico es inexorable. Viviremos más y por tanto nuestra capacidad de permanecer económicamente activos también debiera prolongarse. En la actualidad los uruguayos mayores de 65 años representan el 14,1% de la población. Según proyecciones elaboradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para el 2050 en escenario tendencial la expectativa de vida en nuestro país saltará de 77 años a 82 años y el grupo etario mayores de 65 años pasarán a representar el 22,2% de la población. En escenario de máxima viviremos en promedio hasta los 88 años y los mayores pasaran a representar el 26%. Podemos intentar tapar el sol con la mano, más pronto de lo que creemos, caeremos en la cuenta lo inútil que es.

Marcos Soto – Contador Público – MBA – Sócio de CSC – Dirección académica UCU Business School.

Las columnas de opinión son personales y no tienen porque reflejar ni representar a CSC Uruguay.